Lo esencial es invisible al Estado
Milei vetó las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad que había aprobado el Senado el 10 de julio. Esto sumado a la quita de pensiones no contributivas, el recorte de políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, los despidos y el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, hizo que hoy en todo el país, incluyendo la provincia de Entre Ríos y puntualmente el Departamento Colón representado en organizaciones, instituciones, laburantes y toda la comunidad disca y no disca, se organice en la calle y en las plazas para defender derechos, leyes, convenciones y hasta tratados internacionales frente al capacitismo excluyente que propone el modelo neoliberal del gobierno de La Libertad Avanza.
[Discapacidad, derechos, veto, Milei]
•×Ani Alegre
© Agustina Scelzi para la Estación Cultural Rizomas+ (Colón, ER)
En el Departamento Colón, una tía cuenta que a su sobrino de 22 años con discapacidad psicomotriz le cortaron los tratamientos; una mamá de una niña de 11 años que padece un retraso madurativo desesperada pide ayuda al Estado para que su hija recupere la medicación y las terapias que ya no le cubre la obra social; dos jóvenes con síndrome de down se quedaron sin el traslado a las instituciones educativas y laborales donde incorporan alfabetización y oficios para el mundo del trabajo (mundo que también le cierra las puertas ante el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad); Agustina es Acompañante Terapéutica AT y relata que muchas obras sociales llevan meses de atraso en los salarios de las y los laburantes y que las consecuencias del ajuste en la discapacidad en el Departamento Colón, al igual que en toda la provincia y el país, se sienten en la precarización de los servicios, la reducción de equipos de trabajo y la imposibilidad de sostener la calidad mínima de atención; Carlos es papá de un joven con TEA y manifiesta que todo apunta a que sólo van a poder tener atenciones las familias que lo puedan pagar, el resto va a quedar totalmente excluido porque el sistema está colapsando y el Estado se está retirando. En ese escenario, muchas personas con discapacidad y sus familias quedan en una situación de vulnerabilidad cada vez mayor. Los datos del Foro Permanente para la Promoción de Derechos de las personas con discapacidad marcan que en Argentina hay más de 250 mil personas con discapacidad. En el Departamento Colón el 13% de la población tiene discapacidad. “El veto no es austeridad, es abandono”, dicen los carteles en la calle que acompañan una manifestación sin precedentes.
De la jornada de ayer podría remarcar títulos contundentes: “las personas con discapacidad tienen notablemente menos derechos”, “el Estado se ha desentendido de su rol, las y los trabajadores y profesionales que acompañan a personas con discapacidad están más precarizados”; “las organizaciones y prestadores, en situación cada vez más crítica”, “el 80% de las personas con discapacidad no tiene acceso a un empleo”, “sin la ley de emergencia en discapacidad atravesamos un camino que lleva a la profundización de la desigualdad”. Podría seguir, el hecho es que en todas estas afirmaciones hay una responsabilidad y tiene que ver con que el gobierno ha instalado una agenda política en materia de discapacidad capacitista, mercantilista, privatizadora e individual. “Estamos muy preocupadas, hoy se moviliza en el Departamento Colón todo el sector de la discapacidad, quienes atendemos a personas con discapacidad, muchas personas y familias también, es una marcha a nivel nacional donde estamos expresando y pidiendo a los legisladores y legisladoras que tenemos la última oportunidad para dar vuelta este veto de la Ley de discapacidad, que se promulgue y quede firme esta norma. Sin esta ley se vulneran cada vez más derechos, cada vez es más difícil una autorización, una prestación y todo lo que la persona con discapacidad necesita, el acceso, los apoyos, el traslado. Lo mismo sucede con todas las pensiones que se están dando de baja en todo el país, están llegando muchas citaciones y la verdad no están reconociendo ni siquiera los certificados que son más evidentes de discapacidad. Eso significa que la persona tal vez tiene la única posibilidad de acceder a una prestación o que sus derechos sean reconocidos” explicó para circular Mireya Antivero referente del Centro Educativo Terapéutico El Solar Colón.
Recordemos que a comienzos de julio, el Congreso nacional sancionó por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma impulsada por organizaciones sociales, legisladores de distintos bloques y respaldada en las calles por miles de familias, prestadores y personas con discapacidad. El objetivo era garantizar la continuidad de las prestaciones básicas en un contexto de recortes presupuestarios, retrasos en los pagos y creciente desprotección. Sin embargo, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) firmó el veto ya anunciado y hoy la Cámara de Diputados en una mega sesión tiene la responsabilidad de frenar esta situación crítica. Asimismo, la ley declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2027 y proponía medidas urgentes para reforzar el acceso a la salud, el transporte, la educación, el trabajo y los apoyos institucionales para personas con discapacidad.
Entre sus ejes centrales, preveía la regularización de pagos atrasados a prestadores del sistema, muchos de los cuales atraviesan una grave crisis económica, y la actualización mensual de los aranceles para evitar que la inflación termina licuando los ingresos del sector. El proyecto también proponía una reestructuración del sistema de pensiones no contributivas, con el objetivo de garantizar su financiamiento adecuado y revisar los criterios de acceso y permanencia en el beneficio. Además, se establecía la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria vinculada al área, obligando al Poder Ejecutivo a rendir informes públicos y periódicos sobre las políticas implementadas. Otro punto central de la norma era la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con nuevos lineamientos definidos en articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Consejo Federal de Discapacidad.
La idea era incorporar un enfoque más integral, considerando no sólo las condiciones médicas, sino también las barreras sociales, acercando la política de certificación con los estándares internacionales de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad. Además, la normativa destinaba recursos específicos para el sostenimiento de talleres protegidos y centros de día, e incluía una compensación de emergencia para las instituciones que prestan estos servicios. Finalmente, reafirmaba la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, un derecho muchas veces vulnerado en la práctica.
“Leía un slogan que decía ‘las personas con discapacidad no somos un excel’ y realmente es así; cada persona necesita y requiere determinados apoyos, atención y accesos y es muy triste lo que está pasando” afirma Mireya. También explica, por ejemplo, que en las prestaciones no hay aumentos desde el año pasado, las instituciones y transportistas sostiene el traslado con el mismo valor del 2024, al igual que los comedores donde se brinda un plato de comida en distintas instituciones del Departamento Colón a muchísimas personas con discapacidad, los sueldos de profesionales de la salud, entre otros servicios. “En Colón hay entre un 13 y un 15% de personas con discapacidad, un número similar a lo que hay a nivel nacional. Es muchísima gente porque hay que tener en cuenta que por cada persona con discapacidad, existen 3 o 4 personas que están afectadas de manera directa o indirecta en cuanto a lo que necesita”.
Que el sálvese quien pueda sea la nueva política pública
Dejando de lado los números y la rosca parlamentaria de lo que pueda o no suceder y si estarán o no a la altura de éste tiempo las y los legisladores, lo real es que hay historias de vida que están siendo totalmente vulneradas en estos momentos. Como las de Nora y Martín que relatan el impacto de la política actual en sus vidas con discapacidad y cómo se organizan para enfrentar el ajuste. Como muchas otras familias colonenses, están preocupadas por la situación y lo que va a pasar en la vida de sus hijos. Hablan con claridad y cuentan que el acceso a los derechos básicos están siendo recortados: “Nos da miedo esta Argentina, somos un país que cuenta con una serie de derechos que están avalados internacionalmente y, hoy, se está retrocediendo. Todo apunta a que solo van a poder tener este tipo de atenciones las familias que lo puedan pagar. El resto vamos a quedar totalmente excluidos. Las primeras personas que van a ser descartadas y excluidas serán quienes no tengan posibilidades materiales, las familias que no puedan seguir pagando y serán las que quedarán fuera primero del sistema de salud, después del sistema educativo y así porque es muy costoso y es lo que estamos viviendo hoy” explican a circular.
Ya antes de la llegada de La Libertad Avanza con Milei, el camino en materia de accesibilidad era dificilísimo. Ahora, con el abandono, la desfinanciación y desmantelamiento se llegó a un punto de quiebre. “Lo primero que pasa en este Gobierno es la criminalización del colectivo y después viene la terrible quita de derechos. Se considera que discapacidad es sinónimo de improductividad” agrega Juli, profesional de la salud.
En la marcha de ayer se replicaron testimonios de personas que cuentan cómo el ajuste y los recortes en la administración pública atentan contra sus vidas. Muchas madres y padres explicaron además como en los grupos de Whatsapp se hacen trueques de medicamentos porque hay personas que ya no pueden pagarlos e incluso otras debieron reducir su dosis diaria, lo que genera un deterioro grave en la calidad de vida. El mismo peligro están corriendo las personas electrodependientes que, por cuestiones de salud, necesitan un suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados, a quienes el gobierno pretende eximirlas de este derecho.
“Mi nombre es Celeste, soy mamá de una niña con trastorno del lenguaje. Venimos con terapia hace años, realmente terapias que hemos podido sostener como trabajadoras y trabajadores que somos gracias a que existe una Ley Nacional de Discapacidad que obliga prácticamente a las obras sociales a cubrir esas terapias, y que hoy realmente corre un gravísimo peligro. Ahora muchos de los estudios, de los análisis, incluso de las terapias se cortaron y pagarlas es imposible en este contexto. Además los profesionales y prestadores del área de discapacidad no han visto actualizado su nomenclador y están cobrando salarios de miseria, cuando los cobran. Muchas 6 o 7 meses después. Entonces, para poder sobrevivir tienen que ir a buscar otros trabajos y dejar de brindar las terapias de las cuales nuestros hijos y las familias con discapacidad dependen”.
No nos vamos a abandonar ahora
La fuerza de ayer en la calle, las marchas, las movilizaciones interseccionales y la agenda común, sea donde sea, sigue siendo una apuesta necesaria para construir justicia, para marcar un horizonte con multiplicidad de voces y sobre todo, para gestar una alternativa ante el veto presidencial que entienda como principal eje, que ningún cuerpo y ninguna vida es descartable. En la Plaza San Martín de Colón se reunieron y caminaron muchísimas personas afectadas en el ejercicio de su ciudadanía que ya está escandalosamente comprometida por las numerosas y diversas barreras existentes en este estado de situación. Las consecuencias de estas políticas libertarias para las personas con discapacidad son inconmensurables y la relación entre discapacidad y pobreza se fortalece en estas condiciones.
Todo esto sucede al mismo tiempo que se fagocita una forma de hacer política violenta y capacitista por un grupo político de dirigentes que tuvo y tiene numerosas reivindicaciones supremacistas y discriminatorias, que infieren en la tan dañina “ideología de la normalidad” impuesta a nuestras sociedades y, a la pruebas nos remitimos, pretende terminar con cualquier proceso que pudiera haberse encaminado hacia una sociedad más equitativa, dado que corta de cuajo cualquier política de acción positiva para igualación de las oportunidades.
“No nos vamos a abandonar ahora”, levantaba su cartel una ciudadana que se manifestaba ayer inquieta ante el veto presidencial y lo que resulte del Congreso y remarcaba: “nuestra presencia acá es más que un reclamo parcial propios del colectivo de personas con discapacidad, este es un llamado a organizarnos, a construir lazos y alianzas para defender la democracia y los derechos conquistados”.
