El desfinanciamiento de salarios docentes y no docentes universitarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles lleva al sistema universitario a una crisis histórica como nunca antes vista. Peligra el futuro de miles de jóvenes argentinos.
Por Circular
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, volvió a intimar al Poder Ejecutivo para que cumpla de manera íntegra con la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, manteniendo su resolución del 22 de septiembre, al considerar que el Gobierno nacional no acreditó la actualización salarial completa de docentes y no docentes ni la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles exigidos por la norma. La resolución, dictada en el marco de una causa colectiva iniciada por universidades nacionales a través del CIN (Consejo Interniversitario Nacional), mantiene firme la cautelar y ordena al Estado a cumplirla en un plazo de cinco días. El juez, consideró insuficiente la documentación que presentó el Poder Ejecutivo y sostuvo que no acreditó los parámetros legales para las recomposición de los items mencionados.
La tensión entre el Poder Ejecutivo Nacional y las universidades públicas sumó en las últimas horas un doble frente de conflicto. Por un lado, la Justicia Federal volvió a intimar al Gobierno nacional tras remarcar que las partidas transferidas hasta el momento representan solo un cumplimiento parcial de la Ley de Financiamiento Universitario. Por otro lado, desde los gremios docentes anunciaron un paro de 72 horas y el llamado a la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre ante la persistencia de los incumplimientos salariales.
En un país donde la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 fue de 312,19% -la Ley de Financiamiento Universitario establece que los haberes deben actualizarse desde el 1 de diciembre de 2023 hasta su sanción en un porcentaje no inferior a la variación del IPC y recomponer las becas Progresar, Manuel Belgrano y otras prestaciones-, el Gobierno nacional desoyó a la Justicia, a las comunidades educativas universitarias, a las calles y a los gremios.
Actualmente un docente universitario en Argentina gana $374.485 (dedicación Simple, unas 10 hs), $748.970,98 (dedicación Semi-Exclusiva, unas 20 hs) y $1.497.941,97 (dedicación Exclusiva, unas 40 hs), montos brutos mensuales según los básicos de garantía salarial vigentes. En tanto que las Becas Progresar Superior, el monto total mensual es de $35.000. Mientras que las Becas Manuel Belgrano el monto mensual se actualizó a $187.495 tras el incremento oficializado a mediados de 2026. Según el último Informe del INDEC, en agosto de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.
Un reclamo que se traslada de los tribunales a las aulas
En el ámbito judicial, la resolución dejó al descubierto que los giros presupuestarios efectuados por el Ministerio de Capital Humano no alcanzaron los montos ni los plazos estipulados por la normativa vigente aprobada por el Congreso. A pesar de los alegatos oficiales sobre el envío de fondos, las planillas presentadas ante el juzgado evidenciaron la falta de actualización en partidas operativas clave y en recomposiciones salariales.
Esta falta de presupuesto efectivo impacta de forma directa en el día a día de las universidades y en los sueldos del personal docente y no docente. Según el fallo de Cormick, se desestimó el recurso de apelación en subsidio presentado por el Gobierno, al considerar que no existe un “agravio concreto y actual” que justifique su concesión. Y volvió a intimar al Estado Nacional a cumplir la cautelar “en un plazo de cinco días” con apercibimiento de astreintes —multas económicas por incumplimiento—, el cual permanece vigente, aunque aún no se hizo efectivo.
«Paciencia agotada»: la advertencia de los gremios
En declaraciones al programa Cara y Ceca (Radios UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos), Clara Chevalier, secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios (CONADU), remarcó la gravedad del panorama salarial y la pérdida del poder adquisitivo en el sector: «Estamos con la paciencia agotada. Si el miércoles no cumple con la ley, activaremos un paro de 72 horas», dijo a ese medio radial.
«El Gobierno se mete con los salarios de todas las actividades, pero especialmente con el nuestro, donde el recorte ya alcanza el 35%, lo que equivale a cinco sueldos. Exigimos que se pague todo”. La dirigente agregó que en caso contrario, los gremios y sus bases aseguran que se ingresará en una situación social atravesada por “asambleas” y otras medidas de lucha. También advirtió el impacto sin precedentes que atraviesan las universidades nacionales a través del éxodo de profesionales: «Se puede avanzar con algunas cosas, pero la situación es de incertidumbre constante. Ya han renunciado 15 mil docentes en todo el país». Y agregó con preocupación un dato contundente: «Hoy se cobra menos por hora que haciendo repartos con una aplicación».
Desplome en el ranking internacional
Mientras tanto, las universidades argentinas sufren la mayor caída de la región en el ranking QS tras recortes presupuestarios. En la última clasificación latinoamericana de la consultora QS (517 instituciones evaluadas), la educación superior argentina registró la mayor tasa de descenso de la región: de 46 universidades nacionales analizadas, 17 cayeron, 20 mantuvieron su lugar y solo 8 mejoraron. Desde QS asociaron este retroceso al impacto prolongado del recorte presupuestario —entre 2023 y 2025 la inversión nacional en educación cayó 41,2%, el fondo universitario 28,9% y el de ciencia 43,9%—.
Desde la consultora QS vincularon el descenso al “impacto de las continuas presiones presupuestarias y de financiamiento”, aunque señalaron que el fenómeno obedece a factores acumulados. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, destacó: “El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica renueva nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, siguen trabajando para todos los argentinos”.
Próximos pasos
Ante este escenario, el Frente Sindical Universitario mantiene el estado de alerta. Se prevé que el plan de lucha culmine en la 5° Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre, donde la comunidad educativa buscará llevar nuevamente el reclamo a las calles si no hay una respuesta presupuestaria integral. Sería la segunda marcha federal en lo que va del año en un contexto de paros, huelgas y asambleas que ha tomado conocimiento público internacional.
