La audiencia pública por desalojo en Colón determinó 5 días para que las partes reúnan pruebas

Las voces que se hicieron oír y lo que dijeron

[Desalojo en el Pasaje 19, Colón]

•×Circular y Ani Alegre

 

La audiencia pública llevada adelante el pasado miércoles 11 de diciembre en el Colegio de Abogados de Colón para responder ante la denuncia de usurpación y clandestinidad de las 30 familias que viven en el Pasaje 19 lindero al basural, no hizo por ahora lugar al pedido de desalojo presentado por el Municipio colonense y resolvió acto seguido 5 días hábiles para que las partes acompañen la evidencia con material documental. Así lo determinó la Jueza de Garantía y transición Dra. Natalia Lorena Céspedes.

Cubrir una audiencia de este tipo y darle luz a un proceso judicial que en general resulta tedioso, lejano, ajeno, es sumamente necesario a la vez para conocer la postura social de las partes. Con casi tres horas de presentaciones transcribiré en las próximas líneas la exposición que se dio desde las partes intervinientes: el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowsky, la fiscal Noelia Batto y el Abogado defensor Gustavo Goyeneche.

“Lo que existe es una usurpación ilegal del inmueble y solicitamos la inmediata restitución. Este hecho significa un peligro de que se generen nuevas usurpaciones si no se le pone fin al hecho. Como municipio hemos intentado buscar alternativas a este conflicto y si no hemos participado antes de instancias de mediación es porque consideramos que hay una ilegalidad, lo cual no nos permite mediar. Es una postura como gestión” remarcó Kolankowsky agregando que desde la Municipalidad de Colón se pide “un incidente de restitución de inmueble. Mientras se dirime la cuestión de fondo, queremos recuperar el lugar. Cuanto más nos demoremos, más se acrecienta el problema”.

La fiscal (Noelia) Batto coincidió con la postura municipal haciendo una historicidad iniciado el conflicto en abril del 2023 con la primera denuncia del municipio a la fecha. Desde informes georeferenciales, intervenciones del área de niñez adolescencia y familia, hasta constataciones con la fuerza policial en el lugar y ampliaciones de denuncia; todos los escenarios transitados por las partes repasó en su alocución.

Para fundamentar su posición Batto se basa también en un fallo preexistente con ciertas similitudes a la causa (Chakra Raíz) y describe: “la estrechez económica por la que los imputados atravesaron no es óbice para incursionar en el delito de usurpación y en este sentido el Tribunal ha expresado que se ve obligado a no confundir estado de necesidad con penurias económicas, y esta, lamentablemente no puede ser remediada por quienes se hallan ceñidos al deber de aplicar la ley. Esgrimir una colisión de derechos, … de justificación de la conducta reprochada carece de sustento en tanto se aprecia irracional que los desposeídos sean legitimados a lograr una vivienda digna recurriendo a las vías de hecho en clara violación del ordenamiento jurídico”.

 

Llegó el turno del abogado defensor Gustavo Goyeneche. “El derecho penal es la posibilidad última a la que se debe llegar en instancias como ésta. Eligieron denunciar el uso pacífico de un pedazo de tierra y sobran carencias argumentativas en la presentación de la fiscal por parte del municipio, no se trata sólo del pedido de restitución del inmueble. No hay clandestinidad acá, hay omisiones del estado que no han hecho nada y se presentan con una decisión penal tratando de delincuentes a personas vulnerables” expresó.

 

“Esto se llama criminalización de la pobreza” asienta Goyeneche y concluye: “este no es el ámbito de discusión podrían haber hecho una intimación civil, si quieren podemos seguir la discusión penal en un juicio, pero acá tampoco se esbozó cuál es el peligro de la demora, cómo afecta esto al municipio, como cautelar tampoco podría ser viable. En sus presentaciones no han hecho ni una mención al derecho a la vivienda y estamos ante una cuestión humana”.

Casi al cierre de la audiencia y antes de que la jueza Céspedes diera a conocer el plazo de 5 días para reunir evidencias, uno de los vecinos del barrio pidió hacer uso de la palabra y opinó: “Si como dice la Municipalidad y la fiscal, el terreno en el que vivimos es parte de un basural y estamos ante condiciones indignas, ¿por qué construyeron un jardín ahí donde van niños, donde van nuestros propios hijos? Creo que entonces ese jardín no debería estar ahí”.

 

Sobre la justicia y otras menciones

En el conjunto de juicios por desalojo que se tramitan en los Tribunales de todo el país aumentaron los casos originados en ocupaciones ilegales de inmuebles. El dato no es trivial porque indica un reflejo de la geografía social que no es ajena al Pasaje 19 en Colón: emerge el déficit habitacional como un problema vertebral que crece más rápido que la capacidad de reacción de los tres niveles del Estado.

La usurpación es un delito penal, que atañe al juez correccional. Para que lo sea, el ocupante ilegítimo tiene que haber entrado con violencia en las cosas o contra las personas. Por ejemplo, si agredieron a un sereno, o si rompieron un candado, una celosía, para meterse. De esa manera funciona la mayoría de las veces. La ocupación ocurre cuando la gente se mete en un predio abierto, que tiene dueño, pero no está cercado, y lo hace sin ejercer violencia sobre nada ni contra nadie. Entonces aquí interviene el fuero civil, no penal.

Mientras tanto en el Pasaje 19 transcurren los mismos escenarios. Calor intenso sobre las chapas, la lluvia del fin de semana que se filtró entre las maderas y el nylon de las paredes, el agua inaccesible, el humo de las cocinas impregnando en la ropa, las manos, el pelo. El momento en el padres y madres de familia no pueden llenar ese renglón que dice “domicilio” en un formulario. La falta de empleo. El trabajo precario en el basural, diferenciando, rebuscado, insalubre. Habitantes colonenses durmiendo con un ojo cerrado y el otro abierto, tapando la miseria acumulada con algodones por las noches  cuidando los sueños de las infancias que esperan para empezar a vivir dignamente. Dicen los que dicen que están delinquiendo. Que está bien que desalojen. Dicen que es mentira que sean pobres y que la crisis los haya llevado a estas instancias.