Una masiva jornada federal volvió a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras en Buenos Aires la jornada estuvo marcada por el fracaso legislativo en torno al DNU 70/2023 y la represión policial frente al Congreso, en Concepción del Uruguay cientos de personas marcharon contra el ajuste provincial, la crisis laboral y en defensa del Estado de derecho.
Cobertura de CIRCULAR
La comunidad universitaria de todo el país volvió a protagonizar una jornada histórica de protesta. Desde los grandes centros urbanos hasta las distintas ciudades universitarias, miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y vecinos salieron a las calles para ratificar el compromiso incondicional con la educación pública, gratuita, científica y de calidad.
Sin embargo, el escenario político en Ciudad de Buenos Aires condicionó fuertemente el clima del reclamo en todas las provincias. Mientras columnas avanzaban hacia la Plaza del Congreso, dentro del recinto de la Cámara de Diputados se llevaba a cabo una sesión especial clave con la intención de derogar de forma definitiva el DNU 70/2023 —el megadecreto desregulador del Poder Ejecutivo que modificó de raíz normativas de trabajo, salud, alquileres y abrió la puerta a la extranjerización de la tierra—.
Pese a los esfuerzos de varios bloques opositores, la sesión se cayó al no alcanzarse el quórum necesario de 129 legisladores, quedando a escasos votos de habilitar el debate. La ausencia de bancadas aliadas y diputados que respondieron a acuerdos de gobernadores provinciales con la Casa Rosada garantizó que el Ejecutivo mantuviera blindado el decreto. Esta maniobra legislativa generó un profundo malestar entre manifestantes que aguardaban afuera del Congreso, ya que ese decreto representa una herramienta autoritaria que atenta directamente contra la soberanía, la industria y los derechos laborales.
Tras confirmarse el fracaso de la sesión parlamentaria, la tensión en las inmediaciones del Congreso escaló rápidamente. Las fuerzas de seguridad federales activaron el protocolo antipiquete desplegando camiones hidrantes, balas de goma y un intenso uso de gases lacrimógenos contra lxs manifestantes, estudiantes, familias y agrupaciones de personas con discapacidad que se encontraban movilizándose.
Los enfrentamientos y la persecución por las avenidas céntricas se extendieron por horas, dejando decenas de heridxs y múltiples detenidxs. El accionar policial fue repudiado por organismos de derechos humanos y referentes de la comunidad universitaria, quienes remarcaron que el ejercicio de la protesta es una garantía democrática fundamental que está siendo violentada sistemáticamente.
Una comunidad unida frente al ajuste
En Concepción del Uruguay la movilización se vivió con enorme masividad. Las columnas marcharon por las calles céntricas hasta confluir en un acto masivo donde se dio lectura al Documento Único elaborado por la Mesa Interuniversitaria local.
El texto leído en la jornada no solo hizo foco en la exigencia del inmediato cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, sino que trazó un diagnóstico severo sobre la crisis social que atraviesa a Entre Ríos y al país. Si bien la convocatoria tuvo como eje central el exigente reclamo por el cumplimiento de dicha normativa —ratificada por el Congreso y judicializada tras las medidas del Ejecutivo—, el documento dejó en claro que la discusión superó los límites salariales o de partidas de funcionamiento.
“Ya no estamos solamente frente a una discusión sobre partidas presupuestarias o porcentajes de recomposición salarial. El conflicto se ha convertido en una expresión de una crisis institucional más amplia, donde está en juego la vigencia efectiva del Estado de derecho y la división de poderes”, remarcó el escrito consensuado por gremios y agrupaciones
Ante el ajuste en la UADER, se denunció el abandono por parte del Estado provincial encabezado por Rogelio Frigerio, la cual atraviesa una situación edilicia y salarial insostenible. Además, se expresó el rechazo a la Reforma Previsional que altera la edad jubilatoria, los aportes y la movilidad de las y los trabajadores.
La marcha visibilizó también la emergencia laboral en planta Tres Arroyos con despidos, salarios adeudados y la parálisis productiva. A su vez, se exigieron salarios dignos para enfermeros y trabajadores de la salud mental, la continuidad de los programas para personas con discapacidad, y el freno al desmantelamiento de organismos de soberanía como el CONICET, INTA e INTI.
Esa quinta marcha federal dejó en evidencia que marchar por la universidad es defender un modelo de país basado en el conocimiento como un derecho y no como una mercancía. “Una universidad pública de pie necesita un país que produzca, y un país que aspire a desarrollar sus capacidades productivas necesita universidades, ciencia y tecnología al servicio de ese desarrollo”, concluyó la proclama leída al cierre de la movilización.
