La política prohibitiva
Lo que no se nombra es un negocio. Censura en la era Milei.
[Lenguaje y política]
•×Andrea Sosa Alfonzo
© Fotos 1984, película, Virgin Films, Freepik.
Cuando el gobierno de Alberto Fernández consideró el ingreso del lenguaje inclusivo a la administración pública nacional en sus comunicaciones oficiales y políticas públicas, una parte de la sociedad se escandalizó y exigió la aprobación de la RAE (Real Academia Española) para el uso de la “e”, el “@” o la “x” como fonemas para referirse a las personas cuyas identidades diversas no habían sido consideradas en una cultura binaria representada en la gramática femenizada y/o masculinizada.
A pesar de que estos modos de decir ya circulaban en la vida social y pública, el ingreso al espacio estatal generó una gran celebración por parte de las comunidades LGBTTIQ+ por el impacto positivo en sus vidas y en espacios donde aún persistían trabas en el reconocimiento de pronombres y representaciones diversas, por ejemplo, en ámbitos judiciales, académicos, culturales, deportivos, y otros. Esta iniciativa junto con la Ley Micaela, abrió escenarios muy prometedores para el desarrollo de una sociedad igualitaria.
Durante ese período, el uso del lenguaje inclusivo se implementó mediante recomendaciones que buscaban promover una comunicación no sexista que pudiese migrar desde la óptica masculina del lenguaje hacia otra visión del mundo, sin discriminaciones. Las instituciones y organismos del Estado que lo implementaron se basaron en principios como el Art. 16 de la Constitución Nacional en cuanto a sus antecedentes sobre el principio de igualdad y en leyes como la 26.485 y la 26.743, que se expiden sobre la eliminación de las formas de discriminación y violencia, así como sobre el derecho a la identidad de género. Básicamente, fueron recomendaciones que buscaban impulsar un trato igualitario entre las personas en aquellos ámbitos donde aún podían persistir algunas formas interpersonales violentas. Había casos, relatos y testimonios de sobra que lo confirmaban.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, comenzó un camino de fuerte retroceso que cumplió paso a paso cada promesa de campaña y fue ejecutado con otra política de Estado: la de la prohibición. Es interesante pensar esta definición de la injerencia del Estado en la vida de las personas en el marco de un gobierno que se afirma sobre la base de la no intervención del Estado o, más aún, de su eliminación sobre la toma de decisiones de las personas. El argumento acerca de que es un gobierno que no discrimina porque hay igualdad entre varones y mujeres (sic) no tiene remate.
Mediante instrucciones y memos de gobierno, prohibiciones de todo tipo salieron desde la Casa Rosada hacia las dependencias de la administración pública nacional y sus organismos. Apenas arrancó el 2024, el Vocero Presidencial y responsable de comunicación de gobierno, Manuel Adorni, anunció en conferencia que ya “no se iba a poder utilizar (sic) la letra e, el @, y la x” así como se iba a “evitar la innecesaria inclusión del femenino (sic) en todos los documentos”. En la misma conferencia, aclaró que “las perspectivas de género se habían usado como negocio de la política”. Luego de eso, despidieron a todas las personas trans que habían ingresado a trabajar en el Estado en el marco de una de las políticas públicas más avanzadas en la región: el Cupo Laboral Trans. Tal fue así que su perspectiva progresista fue aplicada también en administraciones públicas municipales y provinciales, medios de comunicación públicos y privados, universidades e incluso en grandes empresas.
Lejos de este escenario que más que politizado garantizaba derechos, la época que nos toca vivir es la de las restricciones no sólo sobre las palabras, sino también sobre temas que desarrollan organismos de gobierno en aspectos como la investigación científica y social, la asistencia ciudadana, propuestas y actividades turísticas, muestras en museos, la publicación de libros y materiales educativos, la innovación y el desarrollo en materia ambiental y alimenticia, o el desarrollo de expresiones culturales y artísticas, entre otros. La pregunta que surge es ¿cuáles son los estándares de vida que preocupan?, ¿qué lenguajes son los que asustan?, ¿y cómo puede impactar en el desarrollo de una sociedad, principalmente entre las infancias y juventudes, la censura del conocimiento?
La pelea por el lenguaje, más precisamente por las palabras, es tan vieja como los propios seres sociales. Disputarlo, formatearlo, ponerlo en circulación y en tensión es parte del devenir cultural de nuestras sociedades. Acaso algo muy diferente sea la censura. Cuando la realidad supera la narrativa siempre me viene a la mente 1984, la obra de Orwell, y su Ministerio de la Verdad* donde el gobierno del Partido Ingsoc censuraba las palabras y los pensamientos de la ciudadanía, o las reflexiones de Roberto Fontanarrosa, cuando señaló que censurar el uso de las malas palabras es una epifanía absurda de la institucionalidad: “mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Entonces hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irremplazables. Por sonoridad y por fuerza”.
Recuerdo cuando la ex diputada nacional Cynthia Hotton instaló que no debería existir el término “mujeres trans” y que habría que buscar otra palabra (sic). Más recientemente, el diputado Bertie Benegas Lynch expresó que le hacía “ruido” que se nombrara con la palabra “casamiento” al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El uso del lenguaje inclusivo como política pública sobrevoló el Estado y sus instituciones, llegó a las escuelas junto con la ESI y los sectores conservadores gritaron con mi hijo no te metas. Pero el problema no es el lenguaje, ni siquiera su apropiación, el problema son las personas.
Cuando durante el peronismo surgió la discusión sobre el uso de la “e” y el arroba, algunos sectores conservadores acudieron a La Real Academia Española (RAE) –siempre lo hacen cuando los argumentos se caen–para consultar si estaba o no aprobado su uso. En ese momento la RAE señaló que “el uso de la @ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo eran ajenos a la morfología del español” y agregaron que además “eran innecesarios”. En simultáneo, Naciones Unidas, atenta a la discusión que no sólo circulaba en Argentina sino también en otros países, elaboró una guía para indicar que el lenguaje “determina las actitudes culturales y sociales” y por ende no podía ser considerado únicamente en sus cuestiones léxicas y gramaticales. Nuevamente, se trataba de las personas.
La censura se llama negocio
Instalar la visión de un uso político de la perspectiva de género como dijo Adorni, tiene su contrapartida en imprimir la lógica de la censura de la mano de la privatización. Las órdenes de silenciar las plataformas sociales de los medios públicos con el fin de evitar la emisión de contenidos se escribió en la Ley Bases junto a los grupos concentrados que esperan ansiosos la venta de los medios de comunicación y educativos del Estado. Se venden las palabras y las imágenes. Ya lo señaló oportunamente Roland Barthes, quien dedicó parte de sus esfuerzos teóricos en el estudio de la retórica de la imagen. Una imagen vale más que…..un Milei. El mandatario sostuvo en reiteradas ocasiones, que los medios de comunicación públicos “son un mecanismo de propaganda” y que por eso “deberían estar en manos del sector privado”.
¿Se puede prohibir una forma de hablar, que no es más que la apropiación del lenguaje? No es ingenuo que el gobierno libertario –la contradicción metafórica la dejamos para la historia argentina– prohíba determinadas palabras porque tal como señalan los teóricos de la lengua y la comunicación, el uso del lenguaje crea y fija sentidos y representaciones, construye o destruye realidad – ergo, vidas de las personas.
El especial énfasis en los temas de género y ambiente no son casuales. Prohibieron hablar de lesbicidio cuando ocurrió el triple lesbofemicidio en Barracas. Luego prohibieron a guardaparques hablar de la historia argentina plurinacional y utilizar palabras en lengua mapuche, quechua y otras. Los centros culturales dependientes del Estado nacional denunciaron que habían recibido comunicaciones con una lista negra de temas y palabras como “diversidad, feminismos, LGBT, críticas a la dictadura”, y una muy peculiar con nombre y apellido, está prohibido decir “Lali Espósito”. La censura más reciente es la que cayó sobre la defensa de la soberanía ambiental, el personal del INTA recibió la instrucción de prohibición del uso de palabras y temas como agroecología, cambio climático, biodiversidad, sustentabilidad, y nuevamente género.
Todas estas prohibiciones son reactivas a un mundo diferente, profundamente desigual pero no minoritario. Estos usos, políticos también, son una marca distintiva de las viejas y nuevas derechas. Tienen la pretensión de distorsionar la realidad y excitar a las audiencias que trolean en las redes memes ofensivos y discriminatorios con extrema violencia.
La escandalizada y punitiva mirada sobre la agenda ambiental, de género y el uso del lenguaje inclusivo, viene muy bien en el contexto de profunda crisis económica que atraviesa Argentina porque sirve para desviar la atención de lo importante, para dejar de hablar de cómo se precarizan las vidas, de que a nadie se le ocurra preguntar qué es el RIGI, o por qué no encuentran a un pibe de 5 años que se chupó una red de Trata mafiosa en connivencia con los sectores de poder, para que no hablemos de la posibilidad de que se extienda la edad jubilatoria hasta los 75 años, para que no nos enteremos del desmantelamiento de organismos del Estado que en sintonía con la política de la prohibición van a dejar de exhibir cine nacional en nuestro país, para que no analicemos que podemos ser discriminados en nuestros trabajos o escuelas sin que exista la posibilidad de una política pública que repare daños y prevea reducir los índices de violencia, para que dejemos de preguntarnos dónde están los 30 mil desparecidos/as, o por qué el lago Nahuel Huapi tiene su nombre en lengua mapuche.
Es comprensible que los votantes de Milei hayan observado con inseguridad y temor que los feminismos implicaron un proceso de emancipación histórico de niñas, niñes, jóvenes, mujeres y disidencias que habitan nuestro suelo y hablan diferentes lenguas. Pero la realidad de todo este análisis sobre el conjunto de prohibiciones que el Gobierno nacional viene ejecutando sin miramientos sociales es que la agenda de género, la agenda ambiental, y la agenda que denuncia el extractivismo y saqueo de los territorios, está vinculada a la agenda económica y financiera. No importa ni remotamente el lenguaje, a lo sumo importa cómo se instalan algunas ideas porque precisamente el conocimiento supone desarrollo, autonomía, capacidad de producir un pensamiento propio. No se trata del lenguaje, sí de la política.
Hay algo que no es nuevo, y es que estamos en una época –como ya han existido otras- donde la prohibición sobre el mundo social y cultural lingüístico sólo es a fin de desviar la atención sobre cómo se controlan políticamente los negocios.
∆ {Curaduría por Equipo Circular}
